Empresarios rechazan ley de precios en Venezuela

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CARACAS, Venezuela (AP) — Empresarios venezolanos rechazaron el martes la Ley de Precios Justos que pone un tope de 30% en los márgenes de ganancia y contempla sanciones que van desde multas millonarias, ocupación y cierre temporal de las compañías o el retiro de licencias.

Fedecámaras, el mayor gremio empresarial del país, denunció que la ley atenta contra la propiedad privada, pero el gobierno afirmó que la nueva regulación beneficiará a los sectores pobres del país y que su propósito es que las empresas se "autorregulen y sinceren su estructura de costo".

Jorge Roig, presidente de Fedecámaras, anunció que el gremio acudirá al Tribunal Supremo de Justicia para demandar su nulidad por considerarla "discrecional e inconstitucional". Explicó que la ley declara a las empresas de utilidad pública y las deja "listas para expropiaciones, para confiscaciones... es bueno que la población sepa que con esta ley ninguna empresa, por más pequeña que sea, se salva", indicó en una rueda de prensa.

El empresario señaló que es una ley "que crea muchísimos más controles... es una ley que le da poderes a una superintendencia a nuestro modo de ver discrecionales y exagerados para fijar precios".

El presidente Nicolás Maduro anunció que a partir de esta semana se aplicará con absoluta rigurosidad la legislación, promulgada mediante un decreto-ley y parte de un esfuerzo para corregir los efectos de la "guerra económica" que, según el mandatario, empresarios y adversarios políticos habrían desatado en 2013 para generar malestar entre los venezolanos y causar desorden en las calles.

"Tienen hasta el lunes... para ponerse en derecho la nueva ley", dijo Maduro dirigiéndose a los empresarios y dueños de tiendas minoristas horas más tarde en un discurso televisado.

"Si el lunes que viene encontramos unidades económicas violando la Ley de Precios Justos voy a tomar las medidas más radicales para que el pueblo entre a esas unidades a producir; voy a ir a fondo. No me subestimen, no subestimen al pueblo; si hay que expropiar, vamos a expropiar a quien tengamos que hacerlo para defender la economía del país", advirtió.

Maduro ha promulgado varias normas que refuerzan los controles del gobierno sobre la agobiada economía venezolana. Y lo hizo gracias a los poderes especiales que le otorgó en noviembre pasado la Asamblea Nacional —dominada por el oficialismo— para emitir decretos con fuerza de ley por un año. La nueva legislación entró en vigencia luego que el Tribunal Supremo de Justicia le dio el visto bueno debido a su carácter de ley fundamental.

Roig agregó que la ley "desincentiva la producción nacional porque, con la fijación discrecional de los márgenes de comercialización a toda la cadena, independiente de cuál sea la estructura de costos, va haber menos oferentes en momentos en que lo que se necesita en el mercado es que existan más empresas produciendo bienes y servicios".

Venezuela es altamente dependiente de las importaciones, las cuales suplen más de la mitad de los alimentos procesados que se consumen en el país, según cálculos de la encuestadora local Datanálisis. Durante 2012 las importaciones alcanzaron casi 60.000 millones de dólares.

Desde hace unos siete años el país padece escasez de varios productos básicos que según empresarios y analistas es generada por los severos controles de precios y cambio vigentes desde 2003.

Maduro, quien asumió el gobierno en abril de 2013, activó en noviembre medidas contra la inflación que implicaron la ocupación de algunos comercios de electrodomésticos acusados de especular, la rebaja forzada de precios de ciertos bienes, inspecciones masivas de comercios y la detención de algunos empresarios que fueron acusados de vender con sobreprecio bienes adquiridos con dólares oficiales.

Sin embargo, las medidas adoptadas por el mandatario izquierdista tuvieron poco impacto sobre la inflación, que el año pasado cerró en 56,2%, una de las mayores tasas que se han alcanzado en el país en casi dos décadas.

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